A semanas de recibirse, la alumna del Pía Didoménico recurrió a la Justicia: qué pidió
Tiene 18 años, cursa el último año del Pía Didoménico y ya sabe que no terminará el ciclo en esas aulas. Antes de que la decisión quede firme salió a pelear por su título: lo que pidió a la Justicia y el argumento que el colegio todavía no respondió.
La joven del último año del Colegio Privado Pía Didoménico que fue denunciada penalmente por hostigar a una compañera presentó un recurso de amparo con medida cautelar para intentar frenar su salida de la institución. La alumna ya es mayor de edad y sostiene que nadie le dio la chance de defenderse antes de que el colegio decidiera su traslado.
La presentación apunta contra la Disposición Interna 32/2026 del Nivel Secundario, que dispuso gestionar su pase escolar y notificar a la familia. La decisión se había comunicado el lunes a sus padres, según pudo saber El Ancasti.
El establecimiento justificó la medida en la necesidad de resguardar la convivencia y en los principios de gradualidad y carácter restaurativo que prevé la Resolución Ministerial 290/2024.
Qué argumenta la estudiante
En el escrito, al que este medio accedió, la joven plantea que la decisión se tomó en reuniones entre directivos y autoridades ministeriales en las que ella no participó. Afirma que se le comunicó "a través de mis padres, sin citarme ni permitirme hacer un descargo", pese a que el colegio sabe que ya cumplió 18 años.
Para la alumna, avisar a su familia "no suple" su derecho a ser oída, porque sus padres no son sus representantes legales. Según la presentación, ellos firmaron el acta dejando constancia expresa de su disconformidad.
La joven está representada por el abogado Marcos Denett. El amparo señala que no se tramitó ningún procedimiento ante el Consejo de Convivencia que prevé la Ley provincial 5402, que no hubo medidas graduales previas y que se le aplicó directamente la sanción más grave.
También cuestiona que el colegio se apoyara en una denuncia penal que, aclara, no derivó en una imputación en su contra. Hasta el momento no fue citada ni imputada, y en esa investigación no habría ninguna medida dispuesta por una autoridad judicial. Por eso invoca la presunción de inocencia.
La comparación con otros alumnos
La estudiante contrapone su situación con la de otros compañeros investigados penalmente, algunos de ellos imputados por la difusión de material íntimo de la alumna afectada. A ellos, afirma, el colegio les permitió seguir con la modalidad virtual. A ella, en cambio, le impuso un traslado compulsivo "a semanas del egreso", que considera equivalente a una expulsión.
En concreto, reclama que se declare ilegítima la disposición y que se la mantenga como alumna regular hasta el final del ciclo lectivo 2026 en modalidad virtual, con la posibilidad de rendir todas las evaluaciones y recibir su título. Como medida cautelar, pide que se suspendan los efectos de la resolución y que en 48 horas se le permita seguir cursando a distancia.
Además, ofrece comprometerse a no concurrir al establecimiento, a no tener contacto con la alumna afectada y a no hacer publicaciones sobre ella ni sobre el conflicto. Solicitó reserva de identidad y que se notifique al colegio y al Ministerio de Educación y Trabajo.
El origen del caso
El conflicto se remonta a abril, con la filtración de imágenes íntimas de una adolescente, y continuó con un hostigamiento sostenido en el aula y en el entorno virtual que derivó en tres causas judiciales. La estudiante había relatado en un "story time" ante sus "mejores amigos" cómo se jactaba de una agresión a una compañera durante el viaje de egresados a Bariloche. Lo contó entre risas.
"Hasta que no se vació el vaso no lo dejé y la mina no hacía nada, mientras le caía todo el agua", relató. La misma joven reconoció que le cantaron insultos con referencias personales, "que se tenía que teñir el pelo, que se le marcaba la panza en las fotos".
Según su propio relato, los varones del grupo les pidieron que pararan, pero no lo hicieron. En esa agresión eran varias chicas contra una. "La mina empezó a llorar como si le hubieran matado a la madre al frente. Nosotras no parábamos, los chicos tuvieron que decirnos 'se están yendo al choto, paren'. Sí, la verdad, nos fuimos un poco al choto bardeándola con el video, pero que se cague", sentenció.
La agresión continuó en el hotel. "Nos dijeron que le estaba dando un brote psicótico y yo estaba tentada porque era un mal que le estaba pasando a ella y yo lo estaba disfrutando. Cada vez que tenemos la oportunidad de bardearla, la bardeamos", admitió.
Por este hecho, la asesora de Menores Carolina Acuña Barrionuevo radicó la denuncia en representación de la víctima y el expediente fue remitido a la Fiscalía especializada en Ciberdelitos, a cargo de Paola González Pinto. Fuentes judiciales indicaron que la fiscal dispuso medidas de resguardo y el secuestro de la evidencia digital.
El rol de la institución
Aunque las causas tomaron trascendencia pública tras la difusión del "story time", el Colegio Pía Didoménico conocía la situación desde hacía meses. Según el artículo, la institución no funcionó como ámbito de contención: mientras los alumnos sindicados seguían asistiendo a clases presenciales, a la víctima se la derivó a la modalidad virtual y quedó de hecho apartada del grupo.
Tras el impacto público del caso, el establecimiento emitió un comunicado sobre las acciones adoptadas: "Se han dispuesto medidas respecto de los estudiantes involucrados, contemplando modificaciones en la modalidad de asistencia y continuidad pedagógica, así como la desvinculación institucional según corresponda (...). Estas decisiones se adoptaron priorizando el resguardo de los derechos, la integridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa".
En el mismo texto reafirmaron que "las situaciones de violencia y vulneración de derechos requieren intervenciones concretas y sostenidas" y que continuarán trabajando en la prevención y el respeto.