A las 7:30 arrancó el operativo que saca la causa de Báez de la Fiscalía: a dónde se van las pruebas
Policiales · Santa Cruz

A las 7:30 arrancó el operativo que saca la causa de Báez de la Fiscalía: a dónde se van las pruebas

La Gendarmería irrumpió en la Fiscalía Federal y puso en marcha un operativo con custodia cerrada. Qué se llevan, hacia dónde y por qué el fiscal Zárate seguirá trabajando desde otro edificio.

Una comitiva de Gendarmería Nacional irrumpió esta mañana en la Fiscalía Federal para poner en marcha el traslado de todo el expediente y las pruebas de la causa por lavado de activos y narcotráfico que tiene como principal imputado a Lázaro Báez.

El movimiento comenzó pasadas las 07:30 de este martes, con una custodia cerrada de efectivos de la fuerza nacional, según pudo reconstruir TiempoSur.

Qué se mueve y hacia dónde

Lo que sale de la Fiscalía no es poca cosa: la totalidad de las pruebas y el expediente de la investigación. El destino son las instalaciones de la propia Gendarmería, donde el fiscal federal Julio Zárate y sus colaboradores continuarán trabajando.

En ese nuevo espacio se llevarán adelante las diligencias de desintervención y las certificaciones que exige la causa.

La imputación que pesa sobre Báez

La Justicia Federal imputó en noviembre de 2026 a Báez por encabezar desde la cárcel una presunta organización dedicada al lavado de activos agravado y a la asociación ilícita, con un flujo estimado de $390.880.000 y vínculos con una causa conexa por narcotráfico en Santa Cruz.

El expediente arrancó el 25 de septiembre de 2026 en Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate y la PROCELAC, ante el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez.

El principal imputado cumple una condena unificada de 15 años en el penal de Ezeiza. Según la acusación, desde allí habría impartido directivas telefónicas —violando su inhabilitación legal— para administrar y explotar bienes embargados o con pedido de decomiso.

Transferencias, alquileres y estancias

De acuerdo con la imputación, los fondos ilícitos se movían mediante transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales. A eso se sumaban cobros de alquileres y operaciones sobre propiedades, entre ellas las estancias Alquinta y La Entrerriana, inmuebles en El Calafate y negociaciones por galpones.

La Unidad Fiscal, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, imputó a Báez por encabezar una organización conformada por diez personas y por dirigirla telefónicamente desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde está alojado.

Según la imputación, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él y cuya administración le está vedada por el artículo 12 del Código Penal.

La calificación legal que la fiscalía sostuvo durante la audiencia de formalización de la investigación incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.

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