Fueron a la Gobernación a pedir por las personerías jurídicas trabadas, pero el escrito que dejaron apunta más lejos: funcionarios, Fiscalía de Estado y mineras tienen vedado el ingreso a sus tierras, y ya anticipan causas penales.
Referentes de comunidades originarias de Jujuy se plantaron en la Casa de Gobierno para presentar un documento formal dirigido al gobernador Carlos Sadir. El pedido central es la entrega de personerías jurídicas que, según denuncian, la Secretaría de Pueblos Indígenas mantiene trabadas. Pero el escrito suma un punto que excede el trámite: las comunidades advierten que no dejarán entrar a sus territorios a funcionarios ni a empresas que no cuenten con el consentimiento libre, previo e informado.
La presentación fue aprobada por las bases comunitarias durante la Asamblea General de octubre y quedó ingresada por mesa de entradas. La abogada defensora Silvana Llanes fue la encargada de detallar su alcance ante la prensa.
Recursos sin respuesta y denuncias en el Fuero Federal
Llanes señaló que en julio se elevaron recursos jerárquicos ante el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, y que hasta ahora no hubo contestación formal, pese a que se habrían cumplido todos los requisitos normativos.
"Es una vergüenza que el Gobierno haga oídos sordos. Presentamos los recursos y no dan respuesta. Paralelamente hay denuncias penales en el Fuero Federal donde se investiga la actuación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, porque había fondos presupuestados para terminar las mensuras y relevamientos territoriales y queremos saber dónde están esos recursos", aseveró la letrada.
La abogada también apuntó contra el funcionamiento del área y acusó a ex funcionarias de la cartera de Derechos Humanos de "dedicarse a desmembrar a las comunidades originarias en lugar de garantizar la aplicación de la ley".
El ultimátum: funcionarios, Fiscalía de Estado y mineras
El eje del documento que entró a la Gobernación es una prohibición explícita: ningún organismo del Estado provincial ni emprendimiento privado podrá ingresar a tierras ancestrales si antes no acreditó los estándares internacionales.
"Conforme a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales, las comunidades no van a permitir el ingreso de ningún funcionario de la Secretaría de Pueblos Indígenas, de la Fiscalía de Estado ni de empresas extractivistas. Le dicen al gobernador Sadir que a nuestros territorios no van a pasar sin el consentimiento libre, previo e informado", remarcó Llanes.
Para graficar el malestar, la letrada mencionó el caso de Caspalá: "No van a permitir que se haga lo que se hizo en Caspalá, usando canchas ancestrales para aterrizar e ignorando mandas judiciales. Además, los informes de impacto ambiental son un 'copiado y pegado' sin control; ayer nos enteramos de un pedimento minero donde la propia empresa admite que va a contaminar".
Qué pasará si intentan entrar
La advertencia no queda en la retórica. Llanes anticipó que si fuerzas de seguridad, funcionarios de ministerios o particulares con aval estatal pretenden circular o intervenir en los territorios sin la autorización comunitaria, se iniciarán demandas penales y civiles, además de denuncias ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
