A dos días de su entrada en vigencia, frenan el nuevo régimen penal juvenil en la provincia
¿Por qué una jueza frenó la ley que baja la imputabilidad a los 14 años? La falta de infraestructura es el eje, pero en Tierra del Fuego la situación es otra.
La justicia bonaerense suspendió de manera preventiva la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, apenas 48 horas después de que la ley nacional entrara en vigencia. La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, y establece un freno de 60 días.
El motivo de la suspensión
La decisión judicial llegó tras un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en beneficio de "los adolescentes que se encuentran privados de su libertad". El argumento central es la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado bonaerense para absorber el incremento de jóvenes que ingresarán al sistema penal.
La nueva legislación, identificada como ley 27.801, reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita a procesar judicialmente a adolescentes de esa franja etaria por delitos tipificados en el Código Penal. Ese cambio generó una demanda mayor de sitios adecuados de detención, un punto que la Justicia consideró crítico.
Qué pasa en Tierra del Fuego
Mientras tanto, en Tierra del Fuego el régimen continúa plenamente vigente, aunque con una realidad muy distinta. Los fondos nacionales prometidos para su implementación todavía no llegaron a la provincia, pero la problemática es más acotada: hasta el momento no se registró ni un solo caso de menores procesados bajo la nueva ley.
La carencia de recursos no genera en el territorio fueguino la misma complicación que en la provincia de Buenos Aires, donde la magnitud del sistema penal juvenil es considerablemente mayor. La suspensión dictada por la jueza Pascual aplica únicamente en territorio bonaerense, mientras que el resto del país sigue analizando cómo se desarrolla la implementación de la normativa.