A 60 años del cierre de los ingenios: la herida tucumana que dejó 50.000 despidos y un éxodo sin retorno

Este 22 de agosto se cumplen seis décadas de un decreto que partió la historia de Tucumán en dos: la intervención de 11 ingenios azucareros, que dejó a 50.000 personas sin trabajo y empujó a cientos de miles de tucumanos a abandonar su tierra. Fue el inicio de una crisis que aún hoy define a la provincia.

La medida, firmada por la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966, no fue un simple ajuste industrial. Detrás de la clausura de fábricas como Amalia, Esperanza o Santa Ana, se escondía una política de concentración económica que vació pueblos enteros y transformó para siempre el mapa social y productivo del Norte argentino.

El corazón económico que se apagó

Desde fines del siglo XIX, Tucumán era el principal centro azucarero del país. El ferrocarril, la protección aduanera y el mercado interno en expansión habían permitido el surgimiento de decenas de ingenios. Pero a diferencia de Salta y Jujuy, donde grandes complejos controlaban todo, en Tucumán convivían industriales con miles de pequeños cañeros que vendían su producción a las fábricas.

Alrededor de cada ingenio se formaron pueblos fabriles. La sirena marcaba los horarios de trabajo y organizaba la vida cotidiana. Durante la zafra, llegaban trabajadores temporarios; los almacenes vendían, los trenes cargaban azúcar y los productores cobraban por su caña. Cuando las chimeneas dejaron de funcionar, también se apagó la vida comunitaria.

La crisis que venía de antes

El derrumbe no fue repentino. A principios de los '60, la actividad arrastraba problemas estructurales: sobreproducción, bajos precios, endeudamiento empresarial y atrasos salariales. En 1965, una cosecha excepcional agravó la sobreoferta. El Estado regulaba con cupos y créditos, pero los grandes grupos económicos presionaban para eliminar lo que consideraban fábricas ineficientes.

Los trabajadores denunciaban otra cosa: empresas descapitalizadas a propósito, que acumulaban deudas con el Estado mientras sus dueños invertían en otros negocios. La tensión creció y en marzo de 1965, la FOTIA y la UCIT firmaron un acuerdo para reclamar soluciones conjuntas. Hubo huelgas, marchas y ocupaciones de fábricas. Tucumán se convirtió en una de las provincias con mayor conflictividad obrera del país.

El decreto que cambió todo

El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron a Arturo Illia. Onganía asumió el poder e inauguró la “Revolución Argentina”. El 9 de julio visitó Tucumán, y algunos dirigentes esperaban que el nuevo gobierno resolviera las deudas. La respuesta llegó el 22 de agosto: la Ley 16.926 declaró la “intervención amplia y total” de siete ingenios: Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana.

La norma responsabilizaba a las empresas por su descapitalización y deudas, y hablaba de sanear una actividad que representaba una “pesada carga” para el país. Pero la intervención no fue neutral: Gendarmería y Policía Federal ocuparon las instalaciones y desalojaron a los trabajadores que intentaban protegerlas. En ese operativo participó el entonces jefe del Regimiento 19 de Infantería, Antonio Domingo Bussi, años después figura clave del Operativo Independencia.

Una precisión histórica: el decreto intervino siete fábricas, no once. De esas, cuatro cerraron definitivamente: Esperanza, Lastenia, Nueva Baviera y Santa Ana. Bella Vista, La Florida y La Trinidad sobrevivieron. Pero la política de la dictadura, al reducir cupos y retirar asistencia, dejó fuera del sistema a otras fábricas que no estaban en la primera norma. El efecto en cadena terminó con 11 ingenios en total.

Reconversión que destruyó empleo

La dictadura presentó la medida como una reconversión necesaria: Tucumán producía demasiado azúcar con fábricas pequeñas y poco eficientes. Pero el resultado no fue la desaparición de la industria, sino su concentración. Los ingenios más grandes aumentaron su participación, y los complejos de Salta y Jujuy quedaron mejor posicionados. La producción continuó, pero con menos establecimientos y muchos menos trabajadores.

Al finalizar la dictadura, las fábricas tucumanas que quedaban podían producir más azúcar que antes, pero con una cantidad muy inferior de empleados. La modernización productiva fue acompañada por una extraordinaria destrucción de puestos de trabajo.

El éxodo al conurbano

Cada puesto directo sostenía varias actividades relacionadas: obreros, zafreros, peladores de caña, pequeños productores, transportistas, comerciantes. Cuando cerraba un ingenio, también desaparecían servicios que las empresas prestaban en sus comunidades. Los pueblos quedaron sin mantenimiento, atención sanitaria ni transporte. Muchas viviendas pertenecían a las fábricas.

Las estimaciones sobre la emigración oscilan entre 200.000 y 300.000 personas. El éxodo hacia el conurbano bonaerense separó familias y vació localidades. Los tucumanos se asentaron principalmente en el oeste y sur del Gran Buenos Aires, en barrios precarios, y debieron reconstruir sus vidas en la construcción, la industria o empleos informales. Tucumán perdió trabajadores calificados, población joven y mercado interno.

Promesas incumplidas

Para contener la crisis, el Gobierno nacional lanzó el Operativo Tucumán, con promesas de diversificar la producción y atraer nuevas industrias. Llegaron fábricas textiles, metalúrgicas y de otros rubros, pero nunca generaron una cantidad de empleos comparable. Muchas empresas se instalaron solo por las ventajas impositivas y se fueron cuando terminaron los beneficios. Los trabajadores azucareros no podían reconvertirse de un día para otro. La promesa oficial de reemplazar el azúcar por nuevas actividades quedó incumplida.

Resistencia y memoria

Los trabajadores no aceptaron pasivamente los cierres. La FOTIA organizó paros, marchas, cortes de rutas y ocupaciones. En los pueblos surgieron ollas populares. Las mujeres tuvieron un papel central: sostuvieron comedores, participaron en manifestaciones y enfrentaron a las fuerzas de seguridad. El 12 de enero de 1967, en Bella Vista, Hilda Guerrero de Molina, de 36 años, madre de cuatro hijos, fue asesinada por la Policía durante una jornada de lucha. Su muerte la convirtió en símbolo de la resistencia. Hoy, el archivo histórico de la FOTIA lleva su nombre.

La conflictividad no terminó con el cierre de las fábricas. La desocupación y la represión alimentaron la radicalización política. Los trabajadores confluyeron con estudiantes y docentes, y dieron lugar a los Tucumanazos: en noviembre de 1970 y junio de 1972, San Miguel de Tucumán fue escenario de levantamientos populares. Esas luchas fueron parte del ciclo nacional que incluyó el Cordobazo y el Rosariazo, pero con una raíz particular: la herida abierta por los ingenios.

Consecuencias que perduran

La dictadura identificó a Tucumán como una provincia conflictiva y aumentó la vigilancia y la represión. Varios dirigentes surgidos de esas luchas fueron asesinados o desaparecidos. En febrero de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón lanzó el Operativo Independencia contra la guerrilla del ERP, que estableció centros clandestinos y torturas. El cierre de los ingenios no fue la causa única del terrorismo de Estado, pero sí un antecedente fundamental de la militarización provincial.

Sesenta años después, las consecuencias siguen visibles. Algunas localidades lograron recuperarse; otras nunca volvieron a tener la dinámica económica de antes. Los predios cerrados tuvieron destinos diversos: algunos fueron desmantelados, otros quedaron abandonados u ocupados, y algunos se transformaron en espacios públicos. Pero la huella más profunda está en la memoria: en los ex ingenios todavía se habla de la última zafra, de las sirenas que dejaron de sonar y de las familias que se marcharon.

En 2021, el Congreso sancionó por unanimidad la Ley 27.620, que instituyó el 22 de agosto como el Día Nacional del “Desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966”. La norma reconoce oficialmente que Tucumán fue objeto de un daño histórico. A seis décadas de aquel decreto, el cierre de los ingenios sigue siendo una clave indispensable para entender el Tucumán contemporáneo: explica la pobreza urbana, los asentamientos, el despoblamiento del interior y la concentración económica. El 22 de agosto de 1966 no cerraron solo once fábricas. Se destruyó una forma de vida y se modificó para siempre la estructura social, económica y política de la provincia.