A 50 metros del Mercado renovado, 28 familias viven sobre las vías y frenan el desarrollo

El asentamiento de calle Marco Avellaneda, entre avenida Sarmiento e Italia, se convirtió en el principal desafío urbano de San Miguel de Tucumán. Apenas a 50 metros del recién reabierto Mercado de la Ciudad, unas 28 familias viven en condiciones precarias sobre terrenos que pertenecen al ferrocarril, según el último relevamiento municipal.

El barrio popular, conocido por los vecinos de la zona como "el country de las vías", lleva más de seis décadas ocupando ese espacio. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en el Área Metropolitana de Tucumán existen 150 barrios vulnerados, de los cuales 71 están en la capital y albergan a unas 25.000 familias. El de Marco Avellaneda es el más cercano al centro: está a seis cuadras de plaza Urquiza.

Un crecimiento que preocupa

La ocupación comenzó en 1965 con unas pocas casillas. Con los años, el asentamiento se expandió hasta ocupar casi todo el espacio entre las vías del Ferrocarril Belgrano y el cordón de la vereda, lo que genera riesgos permanentes para los vecinos, especialmente los chicos, por la falta de veredas y la proximidad con la traza ferroviaria. En los últimos meses se sumaron unas diez casillas en el sector oeste, entre las vías y el muro lindero.

El Ministerio de Desarrollo Social había contabilizado en 2023 unas 60 viviendas precarias, pero el relevamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de 2025 determinó que hoy viven allí menos de 40 familias. Según la directora de Planificación Urbanística de la Municipalidad, Guadalupe Rearte, son 135 personas distribuidas en 28 casillas que carecen de pisos, agua potable y tienen conexiones eléctricas irregulares.

El impacto en el barrio

Vecinos como Marina, que vive sobre avenida Sarmiento al 1.200, aseguran que la presencia de líquidos cloacales y la inseguridad hicieron caer el valor inmobiliario de la zona. De hecho, ya hay varias propiedades en venta en esa cuadra. Miguel, otro residente, contó que el municipio instaló cámaras de vigilancia apuntando al asentamiento y que hay policía permanente en la esquina.

Frente al predio funciona un anexo del Ministerio Público Fiscal, en un antiguo edificio que fue bodega. Facundo, empleado del organismo, explicó que mantienen una consigna policial las 24 horas por la cercanía del ingreso con las viviendas y que los trabajadores deben estacionar en calles aledañas porque la playa interna es solo para móviles oficiales.

La relocalización, otra vez sobre la mesa

El presidente del IPV, Hugo Cabral, aseguró que trasladar a las familias es viable si se trabaja junto al municipio y se evalúan las necesidades de cada grupo. "Reubicar no significa erradicar", remarcó. Una relocalización implica dar solución habitacional y acompañamiento social, mientras que erradicar sería sacar a la gente sin garantizarle condiciones de vida dignas.

Cabral también advirtió que el problema excede lo habitacional: de noche se ven chicos del asentamiento pidiendo comida o juntando sobras en los locales gastronómicos, una escena que podría repetirse en el entorno del mercado si no se toman medidas de fondo.

Desde la Municipalidad aseguran que el asentamiento es una prioridad. Rearte confirmó que trabajan con el IPV en una estrategia conjunta que busca recuperar todo el sector, con la remodelación de la plazoleta Mitre, la renovación del entorno y la ampliación del puente Sarmiento, una obra para la que la intendenta Rossana Chahla pidió apoyo al gobernador Osvaldo Jaldo. Ya se renovó la iluminación desde las vías hasta la plazoleta, pero cruzar el puente a pie, sobre todo de noche, sigue siendo un riesgo para los peatones.

Intentos fallidos

No es la primera vez que se intenta dar una solución. En 1976 se ejecutó el "Operativo Limpieza", que no logró desocupar el predio. El 17 de noviembre de 1995 se anunció el levantamiento parcial de la "villa miseria" de Marco Avellaneda y Sarmiento: demolieron la mayoría de las casas y 24 familias fueron trasladadas al barrio 11 de Marzo con un programa de la Fundación Esperanza, que presidía Evangelina Salazar. Pero cuatro familias quedaron afuera y denunciaron que nunca recibieron una vivienda. Después de eso, los terrenos volvieron a ocuparse y el asentamiento siguió creciendo hacia calle Italia y, más recientemente, hacia el oeste de las vías.