91 preguntas para Quirno: qué tenía que explicar por el paso de Flávio Bolsonaro por el país

La oposición en la Cámara de Diputados se movió en bloque para que el Gobierno explique cómo fue el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina y su salida posterior hacia Estados Unidos. Las iniciativas apuntan al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al jefe de Gabinete Diego Santilli, y dejan abierta la pregunta sobre qué rol pudo tener el asesor presidencial Santiago Caputo.

El eje de los reclamos es determinar si funcionarios argentinos sabían de antemano, colaboraron o facilitaron el desplazamiento del excandidato presidencial brasileño. Según los proyectos presentados, sobre Bolsonaro pesaban restricciones judiciales dispuestas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Desde Unión por la Patria (UxP) fueron más lejos y le atribuyeron al Gobierno de Javier Milei una presunta "complicidad" en la salida del dirigente.

El pedido con 91 preguntas

El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó una interpelación al canciller con 91 preguntas para esclarecer el episodio. Su planteo se centra en dos momentos: el ingreso de Bolsonaro por Misiones y la partida de un avión privado desde Puerto Iguazú esa misma noche.

"Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil. Entró a la Argentina por Misiones y esa misma noche despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse. La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos", sostuvo el legislador.

El proyecto busca saber si hubo comunicaciones entre la Cancillería argentina y las autoridades brasileñas, y qué intervención tuvieron la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros organismos nacionales.

También pide precisiones sobre una eventual participación de Caputo y sobre el papel de Baires Fly S.A., la empresa que operó el vuelo utilizado por Bolsonaro.

Los puntos a aclarar incluyen el ingreso del dirigente por el puente internacional Tancredo Neves, la organización del vuelo privado, las autorizaciones para el embarque y la posible utilización de recursos públicos.

Ferraro también apuntó a Seguridad

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió la interpelación de Quirno y de Monteoliva. "Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso. Coordinan y son cómplices de una fuga, y brindan asistencia operativa para concretarla (Migraciones, PSA, SIDE). No reconocen institucionalmente el resultado de una elección en un país integrante del Mercosur y socio estratégico de la Argentina, como Brasil", afirmó.

El reclamo peronista y el vínculo con Brasil

El bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, también impulsa pedidos de informes e interpelaciones para conocer las circunstancias de la salida de Bolsonaro. El espacio responsabilizó políticamente al Gobierno de Milei y sostuvo que pudo haber existido complicidad oficial en el operativo.

En concreto, el peronismo reclamó que concurran al Congreso Santilli, Quirno y Monteoliva. Además, pidió normalizar la relación bilateral con Brasil, que el Gobierno argentino reconozca el triunfo de Lula da Silva y que se retome el envío de embajadores a las respectivas sedes diplomáticas.

Cómo sigue el trámite

Los pedidos deberán tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. El cuerpo tiene 35 integrantes y cuenta con mayoría del oficialismo y sus aliados.

La comisión tiene como vicepresidente a Diego Giuliano, de Unión por la Patria; como vicepresidente segundo a Diógenes González, de la UCR; y como secretarios a Javier Sánchez Wrba, del PRO; Gisell Castelnuovo, de La Libertad Avanza; y Graciela Parola, de Unión por la Patria.

Si las iniciativas obtienen dictamen, tendrán que llegar al recinto para que la Cámara resuelva si aprueba o rechaza las interpelaciones.

Los antecedentes recientes muestran lo difícil que le resulta a la oposición lograr que los funcionarios concurran. En 2025, la comisión trató proyectos de interpelación después de que la Cámara aprobara emplazamientos, un mecanismo que obliga a una comisión a reunirse y dictaminar sobre un asunto.

Por ese camino se aprobaron las interpelaciones del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, del ministro de Economía Luis Caputo y del entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, en el marco del caso de la criptomoneda $Libra, solo Francos concurrió a responder preguntas; los otros dos se ausentaron.

El 9 de octubre de 2025, Diputados también había aprobado la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ninguno de los dos asistió.

La ofensiva judicial

La avanzada opositora también se canalizó por la Justicia. El diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento agravado contra Milei, Quirno, Monteoliva y Caputo.

"(Javier Milei) si sabía y fue parte del operativo, acaba de ayudar a un acusado en la justicia a pro fugarse. El Presidente sigue atentando contra el vínculo diplomático con nuestro principal socio y hermano regional", sostuvo.

En su presentación, Paulón afirmó que Bolsonaro salió del país en un avión privado perteneciente a un empresario que, según señaló, mantiene vínculos con sectores del oficialismo y fue mencionado en investigaciones relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad y el exdiputado José Luis Espert.

La exlibertaria Marcela Pagano también presentó una denuncia penal y pidió preservar pruebas vinculadas con el desplazamiento del dirigente brasileño.

"Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado", planteó.

Pagano reclamó conservar las grabaciones de las cámaras del puente internacional y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter. Además, pidió que se investiguen posibles delitos de tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles", concluyó.