72 horas para dejar la casa: el cambio que aprobaron en Diputados y que inquieta a miles de inquilinos

La Cámara de Diputados dio media sanción este martes a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que incluye los llamados "desalojos exprés". El texto se impuso por un ajustado 124 a 119, con 6 abstenciones, y ahora deberá ser tratado en el Senado.

La norma modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con un objetivo declarado: acortar los tiempos judiciales para recuperar inmuebles ocupados o con alquileres impagos. El punto que más resistencia generó en el recinto es el de las restituciones rápidas.

Qué pasa si alguien ocupa una propiedad

Ante una usurpación, el juez quedará habilitado para ordenar la restitución inmediata del inmueble y fijar un plazo de 72 horas para que sea devuelto. La medida solo se activa si el propietario la pide y logra acreditar con documentación que es el dueño del terreno, la vivienda o el campo.

El texto también contempla la restitución anticipada en procesos contra intrusos, tenedores precarios u ocupantes que estén obligados a devolver la propiedad: el magistrado podrá disponer la entrega una vez trabada la litis, bajo caución juratoria.

Alquileres: diez días para pagar antes de la demanda

Cuando el conflicto nace de una deuda de alquiler y no de una ocupación, el inquilino tendrá un plazo mínimo de 10 días corridos desde que recibe la intimación para regularizar la situación. Si no lo hace, el dueño queda en condiciones de iniciar el juicio de desalojo.

Para arrancar esa acción judicial se exigirá una notificación fehaciente previa. Además, los desalojos de propiedades urbanas y rurales se tramitarán por la vía del juicio sumarísimo, un procedimiento más breve que el ordinario.

Otro punto habilita al demandante a pedir la desocupación inmediata del inmueble bajo caución juratoria. Como contrapeso, si se comprueba que consiguió esa medida ocultando pagos o documentación, se le aplicará una multa de hasta 10 cánones locativos.

Qué pasa con los sectores vulnerables

Si en la propiedad viven menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, la ley prevé la intervención de los organismos locales competentes y del Ministerio Público Tutelar antes de avanzar.

En los casos en que el desalojo se base en un cambio de destino del inmueble, su deterioro o la realización de obras nocivas, el juez deberá hacer un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas, acompañado por el Defensor Oficial, para determinar quiénes ocupan el lugar.

Menos pruebas y cambios en la ley Pierri

El proyecto también restringe los medios de prueba en los juicios por falta de pago o vencimiento del contrato: solo se admitirán la documentación y las pericias.

Por último, introduce modificaciones en la denominada ley Pierri de regularización dominial. La idea es que las familias puedan obtener la escritura de su vivienda única si acreditan una posesión pacífica del inmueble durante los 10 años previos.