39 sueldos que nadie tocaba y una obra social al día: el peritaje que puede abrir el caso del Senado

La causa que replica en el Senado bonaerense el mecanismo que llevó a prisión a Julio "Chocolate" Rigau sigue sumando capítulos. Diez exsenadores provinciales declararon como testigos y todos se desligaron de los nombramientos de 39 empleados sospechados de ser "ñoquis", según pudo reconstruir este medio a partir del expediente que tiene como escenario la cámara alta provincial.

El fiscal Juan Mennucci está al frente de la investigación, activa desde comienzos de 2024. En las últimas semanas tomó testimonio a los exlegisladores, que respondieron ante la consulta sobre si conocían a alguno de los titulares de las tarjetas de débito involucradas: la respuesta fue negativa en todos los casos.

Quiénes declararon

Los citados integraron el bloque Juntos, que reunía al radicalismo y al Pro y que hoy ya no existe. La lista la componen Yamila Alonso, Nidia Moirano, Érica Revilla (actual intendenta de General Arenales), Agustín Máspoli, Elisa Carca, Marcelo Daletto (hoy director del Banco Provincia), Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagaran y David Hirtz.

El fiscal los convocó con sus mandatos ya finalizados, una decisión que evita los trámites administrativos que el Senado exige para autorizar requerimientos judiciales contra legisladores en funciones. El artículo 14 del reglamento interno de la cámara establece que toda requisitoria de otro poder debe contar con una resolución favorable de la mayoría del cuerpo, conforme al artículo 98 de la Constitución provincial.

A los testigos se les mostró además un modelo de decreto de designación de altas y se les preguntó por el procedimiento. "La Cámara no informa a los legisladores [sobre esa designación de altas]. A los senadores se les da un determinado cupo, ellos designan a su equipo y lo envían", explicó una fuente legislativa. Otra informante fue más tajante: "No firman los nombramientos". El Senado, por su parte, comunicó al fiscal que esas planillas no constituyen un acto administrativo y por eso no las conserva.

Los dos nombres en la mira

La pesquisa apunta a dos personas señaladas como recaudadores: Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado. Sus identidades se conocieron a comienzos de 2024, a partir de registros que los mostraban retirando dinero con tarjetas de débito de empleados del Senado en cajeros automáticos de La Plata, con un modus operandi idéntico al que usaba Rigau hasta que fue detenido.

Muguerza tiene lazos con la UCR y con el Pro. Ocupó el cargo de subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata durante la gestión de Julio Garro, que gobernó entre 2015 y 2023. Desde el radicalismo confirmaron que es afiliado, aunque algunas fuentes aclararon que ya no milita en el partido.

La cámara que aparece en el centro del caso está presidida por la vicegobernadora Verónica Magario, del Partido Justicialista.

Cómo funcionaba el entramado

Los titulares de las tarjetas contaban con cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social del Estado bonaerense, y con aportes jubilatorios, pero nunca percibían el salario: ese dinero era retirado por otras manos. En la Justicia provincial sospechan que el mecanismo funcionaba desde hacía unos 15 años.

El delito que se investiga es peculado. Al inicio de la causa se estimó que el perjuicio para las arcas provinciales rondaba los $300 millones.

Lo que falta y lo que ya se revisó

Mennucci aguarda los resultados de un peritaje económico que podría determinar si existieron transferencias previas al descubrimiento de la trama y, con eso, para quiénes recaudaban Muguerza y Ortellado. Ese informe aparece como la pieza clave para avanzar.

Los celulares de los dos señalados ya fueron peritados sin que arrojaran datos relevantes. Queda pendiente el análisis de un tercer teléfono, perteneciente a otra persona, al que los peritos todavía no lograron acceder. Ese aparato despierta expectativas en la pesquisa, según confió una fuente judicial.