39 meses sin justicia: dos jefes del Ejército, al banquillo por la muerte de Pablo Córdoba

La mamá de Pablo Córdoba anunció que el 9 de septiembre la Justicia Federal de Zapala tomará indagatoria a dos tenientes coroneles que ocupaban cargos de jefatura en la Guarnición Militar cuando su hijo apareció con dos disparos en la cabeza. El soldado voluntario, de 21 años, murió el 1 de junio de 2023 en el Grupo de Artillería 16.

Ese día, cerca de las 6 de la mañana, Córdoba fue hallado agonizando frente al casino de oficiales, con dos impactos de fusil FAL en el cráneo y el arma sobre el pecho. Falleció horas después. La versión oficial que recibió la familia fue que "se habría quitado la vida", pero esa hipótesis se desmoronó rápidamente: los dos balazos, la ausencia de huellas en el fusil, la falta de pólvora en las manos del joven y una pericia psicológica que descartó conductas suicidas encendieron las alarmas.

El caso trajo a la memoria la muerte de Omar Carrasco, ocurrida en 1994 en el mismo regimiento, un crimen que terminó con el servicio militar obligatorio. De aquel hecho a este, pasaron 32 años y la historia volvió a repetirse: una familia que llora a un hijo y, a la par, a una investigación que no avanzaba.

39 meses de espera

Hoy se cumplen 39 meses sin Pablo, un período que su madre, Natalia Uribe, definió como una "espera agónica". En sus redes sociales, escribió: "39 meses esperando justicia, recibiendo, muchas veces, apenas migajas de esa justicia que debería haber llegado mucho antes".

A diferencia del caso Carrasco, que conmocionó al país, la familia de Pablo sintió en más de una ocasión el peso de la indiferencia. Esa falta de acompañamiento golpeó de lleno a los deudos, que sin embargo no cejaron en su reclamo y golpearon puertas para que el nombre del soldado no quedara perdido en un expediente. "Ya es hora de que alguien empiece a responder", publicó Natalia. Y esa hora llegó.

La fecha clave

La Justicia Federal de Zapala citó a indagatoria para el 9 de septiembre a dos personas que, para la familia, debieron ser convocadas mucho antes. No son ajenos a lo ocurrido: eran jefes y tenían responsabilidades dentro de la Guarnición Militar cuando mataron a Pablo.

La investigación sostiene que ambos conocían la existencia de las cámaras de seguridad y el tiempo limitado en que las imágenes permanecían almacenadas. Sin embargo, las grabaciones del período que interesaba investigar se perdieron por sobregrabación. "Eso no es un detalle menor. Una prueba que podía aportar información para saber qué ocurrió con Pablo no puede simplemente desaparecer", denunció Uribe.

¿Quiénes deberán rendir cuentas?

Germán Isidro Green, teniente coronel, era el jefe del Grupo de Artillería 16, la unidad donde Pablo cumplía guardia. Fue quien llamó a la Policía Federal en la mañana del hecho para reportar que el joven se habría quitado la vida, a pesar de presentar dos disparos.

Enrique Rafael Lamas, también teniente coronel, era el jefe de la Base de Apoyo Logístico de Zapala y superior jerárquico del padre de la víctima, el suboficial Juan José Córdoba Salto.

"La responsabilidad también empieza por arriba. No queremos venganza. Queremos responsabilidad", dijo Natalia. "Pablo no era un número. Es mi hijo", añadió.

El 9 de septiembre no termina la historia. Empieza a escribirse la parte que durante 39 meses la familia exigió: que cada uno responda por lo que hizo, por lo que no hizo y, sobre todo, por qué no lo hizo.