39 empleados del Senado cobraban sueldos que terminaban en otras manos: quiénes los retiraban

Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la Legislatura bonaerense y vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos. La Justicia investiga a 39 empleados del Senado provincial cuyos salarios habrían terminado en manos de terceros, un mecanismo que presenta notables similitudes con el caso que involucra al diputado Julio “Chocolate” Rigau.

Según se desprende de la investigación, las personas incorporadas formalmente a la estructura legislativa figuraban como titulares de tarjetas de débito, pero no percibían sus sueldos. A cambio, contaban con cobertura de obra social y aportes jubilatorios. Dos presuntos “recaudadores” fueron identificados como Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, quienes quedaron bajo investigación por retirar el dinero de esas cuentas mediante operaciones en cajeros automáticos de La Plata.

El delito investigado y el monto del perjuicio

La Justicia intenta determinar si se cometió el delito de peculado, con un perjuicio para las arcas públicas que rondaría los 300 millones de pesos. El interrogante central, tal como ocurre en el caso Rigau —hoy detenido—, es quiénes se beneficiaban con el dinero y qué dirigentes, funcionarios o estructuras político-partidarias sostuvieron este mecanismo.

Hasta el momento, diez exsenadores provinciales declararon como testigos y se desligaron de los nombramientos investigados. Todos afirmaron no conocer a los titulares de las tarjetas. También se les consultó por el procedimiento de designación de personal, que contempla cupos para conformar equipos legislativos. Sus testimonios deberán evaluarse junto con otras pruebas.

Pruebas pendientes y la estrategia del fiscal

Se aguarda un peritaje económico que podría aportar indicios sobre transferencias anteriores al descubrimiento de la trama y ayudar a determinar el destino de los fondos. También queda pendiente el análisis de un teléfono celular al que los peritos todavía no lograron acceder.

No es un dato menor que el fiscal Juan Mennucci haya esperado a que vencieran los mandatos legislativos de los exsenadores antes de convocarlos. Todo indica que lo hizo para evitar que el Senado pudiera interponer un trámite interno de desautorización que impidiera que sus integrantes fueran a dar testimonio ante la Justicia. El reglamento de la Cámara alta establece que determinados requerimientos de otros poderes relacionados con la función de senadores deben contar con una resolución favorable del cuerpo, un verdadero seguro de impunidad.

El antecedente Rigau y la reacción de la Cámara baja

En el caso Rigau, la Cámara de Diputados protagonizó recientemente una maniobra para negarle a la Justicia documentación que había solicitado con el fin de identificar a los responsables de las designaciones. Mediante una votación expeditiva, mezclada con numerosas resoluciones administrativas, la amplísima mayoría de los legisladores resolvió archivar las actuaciones. El juez de Garantías Guillermo Atencio denunció a las autoridades de la Cámara por considerar que esa decisión podía implicar ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación.

Aquello no fue una mera controversia burocrática: fue una señal más de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones y la renuencia de sus integrantes a colaborar con el esclarecimiento de un posible delito.

Una práctica que se extendería por 15 años

La Justicia sospecha que los mecanismos destinados a fabricar empleados ñoquis o a apropiarse de parte de lo percibido como sueldos estatales vienen funcionando desde hace unos 15 años. Si esa hipótesis se confirma, se trataría de una práctica que atravesó diferentes gobiernos, autoridades parlamentarias y partidos políticos, lo que obliga a examinar responsabilidades más allá de una gestión determinada y de los nombres que hoy aparecen en la investigación.

Quizá allí se encuentre una explicación para un silencio político tan extendido como significativo. Cuando las sospechas amenazan con alcanzar a dirigentes de distintos espacios, la frontera entre oficialismo y oposición parece desdibujarse y emerge una suerte de omertá legislativa. Nadie pregunta demasiado, nadie exige explicaciones con suficiente firmeza y nadie parece dispuesto a asumir el costo de remover una estructura que podría comprometer intereses compartidos. El silencio no demuestra culpabilidad, pero sostenerlo profundiza las sospechas de complicidades.

El desprecio por el voto ciudadano se manifiesta en esa distancia entre la representación que se proclama y el uso que en muchos casos se hace de los recursos públicos. Quienes llegan a sus bancas mediante el sufragio reciben un mandato para legislar y controlar al poder, no para convertir los cargos, los salarios y las estructuras administrativas en herramientas de beneficio particular. Cada peso desviado es dinero que deja de estar disponible para atender necesidades de los bonaerenses.

La sucesión de “Chocolates” en la Legislatura bonaerense ya no puede tratarse como una serie de episodios desconectados. Las semejanzas obligan a investigar si detrás de ellos existió una modalidad persistente, protegida por la opacidad administrativa y la conveniencia política. La basura debajo de la alfombra no desaparece porque una mayoría vote archivar papeles ni porque los dirigentes elijan callar. Si durante años hubo recursos públicos que circularon por canales ajenos a su finalidad, la sociedad tiene derecho a saber quiénes lo hicieron posible y quiénes se beneficiaron.