37 días sin clases y una amenaza que golpea el bolsillo de todos

La Comisión de Educación de la Legislatura se convirtió este miércoles en el escenario de un choque de posiciones que, por momentos, se salió de cauce. Mientras el paro docente alcanza los 37 días, Gobierno, SUTEF, padres y empresarios dejaron en claro que la salida está lejos: el gremio no vuelve a las aulas sin mejora salarial y las cámaras rechazan que la respuesta sea, otra vez, una suba de impuestos.

El encuentro se desarrolló con el acampe del SUTEF frente a Casa de Gobierno como telón de fondo, una protesta que interrumpe el tránsito sobre calle San Martín, una de las principales arterias comerciales del centro de Ushuaia.

Un tire y afloje que no se destraba

El SUTEF ratificó que no volverá a las aulas hasta alcanzar un acuerdo salarial. Del otro lado, el Ministerio de Educación sostuvo que el Ejecutivo no está en condiciones de mejorar la propuesta ya realizada. Ante ese panorama, legisladores plantearon echar mano a las herramientas legales disponibles, incluida la conciliación obligatoria, para intentar restablecer las clases sin cerrar la negociación salarial.

Los padres autoconvocados de Tolhuin respaldaron el reclamo por mejores salarios, pero cuestionaron las modalidades de protesta y exigieron recuperar las clases. También pidieron que la discusión educativa no se limite a los sueldos y abarcaron la calidad de la enseñanza, la infraestructura, la estructura de cargos y los mecanismos de control de ausencias.

El sector privado puso el foco en la extensión del conflicto y en sus consecuencias económicas. La Cámara de Comercio le pidió al SUTEF liberar San Martín por el perjuicio que el corte genera a los comercios del centro. Los empresarios advirtieron además que tantos días sin clases pueden terminar afectando la formación de los trabajadores y profesionales que necesitará el sector productivo en el futuro.

El financiamiento, el otro frente caliente

El segundo eje de la reunión fue el proyecto del Poder Ejecutivo para crear un régimen integral de financiamiento de educación y salud. La propuesta plantea alcanzar de manera progresiva, en cinco ejercicios fiscales, una inversión conjunta equivalente al 13% del Producto Bruto Geográfico provincial, distribuida en un 60% para educación y un 40% para salud. El sendero arrancaría en el 7,5% del PBG y avanzaría al 8,25%, 9,5%, 11% y finalmente 13%.

La iniciativa incluye un punto directamente vinculado al reclamo docente: establece que el salario del cargo testigo tienda progresivamente a equipararse con la Canasta Básica Total del INDEC. Además, ata la planta docente presupuestaria a la matrícula y a una “planta teórica óptima”, a partir de parámetros de relación entre alumnos y docentes. También obliga a destinar al menos el 20% de los créditos de educación y salud a infraestructura.

Para sostener esas metas, el proyecto contempla mayores alícuotas sobre determinadas actividades económicas, modificaciones del Impuesto Inmobiliario, utilidades distribuibles de empresas estatales y futuros ingresos vinculados con el desarrollo del hidrógeno verde.

Fue justamente la búsqueda de nuevos recursos tributarios la que despertó la mayor resistencia empresaria. La Cámara de Turismo sostuvo que aumentar impuestos no puede transformarse recurrentemente en la respuesta frente a los problemas de financiamiento estatal y reclamó discutir también la eficiencia, la administración y el destino del gasto público.

Un fondo que ya recauda más de $100 mil millones

La preocupación se potencia por los cambios tributarios que el Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027. El principal impacto no aparece, en términos generales, en la alícuota básica de Ingresos Brutos, sino en el aumento del adicional destinado al Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS), que se cobra sobre la misma base imponible.

La dimensión actual del Fondo es considerable. Durante 2025 el FFSS recaudó $110.239,9 millones. En los primeros siete meses de 2026, según AREF, acumuló otros $74.357 millones. Así, a julio ya había alcanzado aproximadamente el 67,4% de todo lo ingresado durante el año anterior.

El dato cobra relevancia porque el Presupuesto 2027 pretende aumentar todavía más los recursos del FFSS mediante una modificación diferenciada de sus alícuotas. Para numerosos servicios profesionales, inmobiliarios, técnicos y empresariales, la carga conjunta pasaría del 4,5% al 5%, al elevarse el FFSS del 1,5% al 2%. En educación, salud y distintas actividades sociales el total subiría del 4,5% al 4,75%.

Los saltos son mucho mayores en otros rubros. Servicios de apoyo agrícola y pecuario que actualmente tributan 0,75% de Ingresos Brutos y no pagan FFSS pasarían a sumar un adicional del 4,25%, llevando la carga total al 5%. En distintas actividades financieras el FFSS aumentaría hasta llevar la imposición conjunta con IIBB y FOFISP al 9%; varias actividades vinculadas con bebidas alcohólicas alcanzarían una carga del 7%, mientras que en juegos de azar llegaría al 12% y hasta el 15%.

Ese escenario explica buena parte de la postura de las cámaras, que reclaman que, antes de recurrir nuevamente a una mayor presión tributaria, debería discutirse cuánto recauda actualmente el Estado, cómo distribuye esos fondos y qué margen existe para mejorar la eficiencia del gasto.

Durante el encuentro se decidió solicitar opinión a los ministerios de Educación y Trabajo sobre el proyecto del MPF que busca regular las “desobligaciones” docentes.

La reunión de la Comisión de Educación fue encabezada por su presidente, Luciano Selzer, de La Libertad Avanza. También participaron Natalia Gracianía (La Libertad Avanza), Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino), Federico Sciurano (FORJA), María Laura Colazo (Partido Verde), Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Virgilio García (PJ) y, de manera remota, Victoria Vuoto (PJ) y Raúl Von Der Thusen (Somos Fueguino). Como invitados asistieron representantes del Ministerio de Educación, de los gremios SUTEF y AMET, padres autoconvocados de Tolhuin y entidades empresarias vinculadas con el comercio, turismo, hotelería y gastronomía, construcción y agencias de viajes.