29 allanamientos y una cárcel en el medio: cómo cayó la banda narco que llegaba a Salta

Tres provincias, 29 allanamientos simultáneos y una cárcel en el centro de la trama: la investigación que desbarató a la presunta banda narco todavía tiene cabos sueltos y nadie sabe cuántos nombres más pueden aparecer.

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29 allanamientos y una cárcel en el medio: cómo cayó la banda narco que llegaba a Salta
29 allanamientos y una cárcel en el medio: cómo cayó la banda narco que llegaba a Salta

Una investigación de meses terminó con 29 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Buenos Aires y Salta y seis personas aprehendidas, entre ellas la presunta organizadora de la estructura. El operativo, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Procunar, se desarrolló entre el viernes y este sábado.

Los procedimientos en territorio santafesino alcanzaron viviendas de Rosario, Funes, Roldán, Ibarlucea, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Carcarañá. También se allanaron inmuebles en Junín, provincia de Buenos Aires, y en Aguas Blancas, Salta.

De las seis personas aprehendidas, tres son mujeres y tres hombres. Según la pesquisa, una de ellas —la principal sospechosa— sería la organizadora y proveedora de la banda. La atribución delictiva provisoria es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley 23.737.

Qué encontraron en los allanamientos

El despliegue dejó un botín que ahora será peritado: 1.384 gramos de estupefacientes, cinco escopetas y cuatro armas cortas, 420 cartuchos de distintos calibres, diez vehículos, dos balanzas, dos contadoras de billetes y cinco equipos de comunicación tipo handy.

También se secuestraron 42 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y documentación considerada relevante para la causa. En efectivo, los agentes incautaron $10.407.000 y 38.700 dólares, además de cheques diferidos por $9.000.000.

El volumen de dinero y la variedad de elementos refuerzan la hipótesis de una estructura con capacidad logística. Los investigadores buscarán determinar el origen y destino de los fondos y si existe un vínculo directo con la comercialización de drogas.

La cárcel como centro de coordinación

Uno de los hallazgos clave surgió del análisis de comunicaciones telefónicas. Según la pesquisa, un presunto narcotraficante alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza habría pedido importantes cantidades de estupefacientes a la mujer señalada como organizadora.

La hipótesis investigativa sostiene que la maniobra se habría coordinado junto a otra persona que también estaba privada de su libertad. A partir de esas conversaciones, los pesquisas profundizaron el seguimiento sobre la mujer y sus vínculos con el resto del grupo.

El trabajo incluyó intervenciones telefónicas, análisis de antenas de telefonía, transferencias de dinero y tareas de campo. Así detectaron una dinámica reiterada de contactos, encuentros presenciales y desplazamientos entre los integrantes, compatibles —según la causa— con tareas de entrega, acopio y distribución de estupefacientes.

Viajes al norte y una coincidencia que llamó la atención

Los investigadores observaron un patrón de viajes de la principal sospechosa hacia el norte del país, con regreso a Rosario y localidades cercanas. Esos movimientos eran seguidos por reuniones y desplazamientos vehiculares con otros miembros del grupo.

También registraron viajes reiterados a Villa Carlos Paz, Córdoba, en fechas que coincidían con desplazamientos previos hacia Aguas Blancas, Salta. Para la investigación, esa coincidencia permite considerar que los viajes no respondían solo a motivos recreativos o laborales, sino que podrían estar vinculados con tareas de coordinación o enlace dentro de la presunta organización.

Qué sigue

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la PSA y a la Procunar Regional Nordeste Argentino. Los fiscales intervinientes dispusieron que los seis aprehendidos permanezcan privados de su libertad, identificados y alojados en dependencias policiales mientras avanzan las actuaciones.

Ahora la Justicia deberá determinar el grado de participación de cada uno y si existen otros integrantes de la organización que no fueron alcanzados por el operativo. Los teléfonos, computadoras y documentación secuestrados serán analizados en los próximos días.

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