264 chicos esperan una familia en Mendoza: la salida que aprobó el Senado

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes, por unanimidad, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que modifica el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. La iniciativa pasó ahora a Diputados, donde deberá ser revisada antes de convertirse en ley.

El objetivo central es reforzar las respuestas del sistema de adopción y garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer dentro de un ámbito familiar. La norma apunta a un grupo que suele quedar al margen: chicos que ya tienen sentencia firme de adoptabilidad pero no consiguen una familia por su edad, por formar parte de un grupo de hermanos o por tener alguna discapacidad.

Los números que retratan la espera

Durante la sesión, la senadora María Laura Sainz aportó datos concretos sobre la situación provincial. En Mendoza hay 264 niños, niñas y adolescentes con sentencia firme de adoptabilidad. De ese universo, 93 presentan algún tipo de discapacidad, 88 tienen entre 5 y 11 años, 83 son adolescentes de 12 a 17 años y 103 integran grupos de hermanos.

A eso se suma otro dato que explica la demora: existen 120 convocatorias públicas vigentes para encontrar familias adoptivas, varias de ellas publicadas desde 2024 sin haber logrado una respuesta favorable. La menor inscripción de personas y familias en el Registro Provincial de Adopción para estos perfiles extiende la permanencia de los chicos en dispositivos de cuidado alternativo.

Quiénes podrían adoptar bajo la nueva vía

El proyecto habilita una alternativa excepcional: evaluar la aptitud para adoptar de adultos que ya construyeron vínculos afectivos significativos con niños, niñas y adolescentes a través de programas estatales dependientes de la Dirección General de Protección de Derechos.

Entre esos espacios aparecen el padrinazgo, las familias de acogimiento y el voluntariado. La clave es que esos lazos se desarrollan con intervención, seguimiento y registro institucional, nunca a partir de entregas directas ni de acuerdos entre particulares.

El mecanismo se aplicará exclusivamente a tres situaciones: niños y niñas con discapacidad, sin importar su edad; grupos de hermanos, también sin límite etario; y niños y niñas mayores de cinco años. En todos los casos deberán contar con sentencia firme de adoptabilidad y estar vinculados a adultos referentes en el marco de un programa institucional.

Cómo se evaluará a los adultos referentes

El procedimiento previsto incluye la intervención del Registro Provincial de Adopción y de un equipo interdisciplinario. Ese equipo hará un diagnóstico psicológico y social de los adultos referentes, con los mismos estándares de idoneidad que se exigen a los postulantes inscriptos, aunque aplicados exclusivamente al niño, niña o adolescente involucrado.

Con el informe en mano, el Registro determinará si los adultos reúnen las condiciones necesarias. Si la respuesta es afirmativa, los incorporará a un listado específico. Después será el juez interviniente quien evalúe los antecedentes y resuelva, mediante una decisión fundada, si corresponde convocarlos a la audiencia prevista en el Código Procesal de Familia.