22 fiscales generales se plantaron contra las redadas del ICE: los dos requisitos que exige la ley

Una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó un escrito ante un tribunal federal de apelaciones para cuestionar cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva adelante los arrestos de inmigrantes sin orden judicial. La movida busca respaldar un litigio que pone bajo la lupa los procedimientos de detención que aplican las autoridades federales.

La presentación se concretó el 19 de octubre ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, según informó la Fiscalía General de Illinois en un comunicado oficial. El fiscal general de ese estado, Kwame Raoul, encabezó la iniciativa.

Qué exige la ley antes de detener a alguien

El documento respalda la demanda conocida como Escobar-Molina contra DHS, que discute la política y las prácticas de detenciones civiles por motivos migratorios sin una orden judicial en Washington D. C.

Según la coalición, la legislación federal fija dos condiciones que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben cumplir para privar de la libertad a una persona sin una orden:

- Tener una causa probable para creer que esa persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
- Contar con motivos fundados para considerar que podría escaparse antes de que las autoridades consigan la autorización correspondiente.

El reproche de Raoul a la administración Trump

El fiscal general de Illinois apuntó contra el accionar de las autoridades federales y sostuvo que sus métodos deterioran el vínculo entre las comunidades inmigrantes y las instituciones.

“La administración Trump continúa infundiendo miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes de Illinois y de todo el país con tácticas innecesariamente crueles e ilegales”, declaró Raoul.

El funcionario también anticipó que no piensa aflojar junto al resto de la coalición en la defensa de los derechos de los extranjeros. “Seguiré junto a mis colegas y apoyaré los derechos de todos los inmigrantes mientras luchamos contra las acciones inmorales del gobierno federal que perturban nuestras comunidades”, afirmó.

Los efectos que los fiscales les atribuyen a los operativos

En la presentación judicial, los fiscales generales describieron las consecuencias que, según ellos, generan los procedimientos de control migratorio cuestionados. El escrito menciona distintos ámbitos afectados:

- Educación: las operaciones provocaron que algunos estudiantes dejaran de ir a clases.
- Trabajo agrícola: las actuaciones interrumpieron actividades del sector.
- Salud pública: el temor a los operativos desalentó a personas que necesitaban atención médica.
- Economía familiar: las medidas comprometieron la estabilidad financiera de los hogares.
- Seguridad comunitaria: los procedimientos debilitaron los lazos entre la población inmigrante y las fuerzas policiales locales.

El antecedente que ya movió el tablero

La controversia había tenido un capítulo previo en diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar. Esa decisión se dio en el marco del proceso que examina las detenciones civiles por razones migratorias realizadas sin órdenes judiciales.

La nueva intervención de los fiscales generales llegó a una instancia de apelaciones a través de un escrito destinado a reforzar los argumentos contra las prácticas del organismo federal.

Quiénes se sumaron a la acción

Además de Illinois, otros 21 estados y jurisdicciones acompañaron el documento presentado ante la justicia federal. Los fiscales generales participantes representan a:

Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.