19 economistas armaron en secreto el plan que reemplazaría al de Milei

La economía argentina atraviesa una recesión y el Gobierno no muestra señales sobre cómo poner en marcha la reactivación. Para una mayoría, esa ausencia de rumbo ya es la prueba de que el plan liberal-libertario fracasó. El mercado lo refleja a su manera: el riesgo país apunta a superar los 800 puntos.

Lo que el mercado todavía no sabe es que, en paralelo, un grupo de diecinueve economistas viene trabajando en una propuesta económica alternativa a la de Javier Milei. Entre ellos figuran Lucía Cirmi Obón y Haroldo Montagu.

El Destape accedió en exclusiva al documento Programa económico para un futuro mejor. Propuestas para pensar la Argentina que viene. Durante su elaboración, las ideas se discutieron en encuentros e instancias de intercambio con más de cuarenta espacios políticos, sociales, sindicales, académicos y centros de investigación universitaria.

Quiénes son y cómo nació la iniciativa

El grupo se llama Futuros Mejores y arrancó su tarea en 2024, con documentos sectoriales y reuniones de discusión junto a decenas de organizaciones. No todas comparten cada propuesta: los autores aclaran que el texto final recoge las posiciones donde hubo mayor coincidencia.

El punto de partida es una autocrítica: los proyectos peronistas y progresistas todavía no lograron construir una alternativa económica integrada, consensuada y novedosa. Y ese desafío, sostienen, obliga a revisar críticamente los desaciertos de las experiencias recientes de gobierno.

El documento incluye una declaración de principios: “Quisimos tomar la ‘posta generacional’, por entender que, desde la experiencia de gestión, tenemos cosas para aportar y porque creemos que, si no está claro el ‘para qué’, todo lo demás se diluye”.

Primero la estructura productiva, después la macro

La secuencia es la definición conceptual más fuerte del trabajo. Primero, determinar qué estructura productiva necesita el país. Luego, diseñar la política macroeconómica que permita desarrollarla. Al final, articular los instrumentos distributivos para que el crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida.

Con eso, el documento discute uno de los pilares del pensamiento económico convencional: la idea de que hay que alcanzar el equilibrio fiscal, bajar la inflación y eliminar regulaciones para que después, como consecuencia natural, lleguen las inversiones, el crecimiento y el empleo.

La propuesta invierte las prioridades. La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no un objetivo independiente del desarrollo. Una economía ordenada, plantean, es la que permite aumentar la producción, diversificar las exportaciones, generar empleo de calidad, recuperar los salarios y reducir la desigualdad.

Vaca Muerta y la minería: dólares sí, empleo no tanto

Para estos economistas, la discusión sobre el desarrollo debe empezar por la estructura económica que se quiere construir. Observan la expansión de las actividades ligadas a los recursos naturales y el retroceso de los sectores intensivos en empleo. Vaca Muerta y la minería pueden aportar dólares, pero por sí solas no garantizan una recuperación del mercado laboral: son actividades intensivas en capital, con capacidad limitada para incorporar trabajadores en relación con el volumen de inversión y producción.

El plan no cuestiona esas actividades. Propone aprovechar su potencial exportador y evitar que funcionen como enclaves desconectados del resto del aparato productivo. Para eso plantea desarrollar proveedores nacionales, cadenas de valor, infraestructura, tecnología y servicios asociados a los grandes proyectos exportadores.

Ahí aparece una propuesta concreta: reformular el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incorporar obligaciones de integración productiva nacional, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores locales.

La autocrítica que no abandona al Estado

Futuros Mejores no presenta la política industrial como un regreso a los instrumentos del pasado. Incluso critica esquemas de protección arancelaria y regímenes especiales que se prolongaron sin exigencias suficientes de productividad, innovación y competitividad. Menciona los casos de Tierra del Fuego y de actividades industriales que recibieron protección sin los resultados esperados. También cuestiona las regulaciones cambiarias rígidas que terminaron afectando las exportaciones.

Esa autocrítica no deriva en abandonar la intervención estatal: proponen cambiar su orientación y sus exigencias. El Estado debe promover inversiones, pero con metas verificables, porque los beneficios públicos no pueden convertirse en subsidios permanentes a empresas que no cumplen compromisos de productividad, empleo o exportaciones.

Hay además una actualización conceptual. La industria manufacturera sigue siendo estratégica, pero el cambio tecnológico modifica su capacidad para generar empleo. Por eso incorporan los servicios basados en el conocimiento, el turismo, la logística, la educación, la salud y los cuidados como componentes del desarrollo productivo.

Cinco medidas para la energía

La política energética ocupa un lugar central. Los autores señalan que la energía, que durante décadas demandó divisas, empezó a registrar saldos comerciales positivos significativos. Vaca Muerta puede aliviar la restricción externa, pero tener recursos naturales no garantiza que esa oportunidad se convierta en desarrollo.

De ahí surgen cinco propuestas:

- Crear un fondo de desarrollo energético, financiado con parte de la renta sectorial, para infraestructura, ciencia, tecnología y transición energética.
- Desarrollar un programa nacional de proveedores para petróleo, gas, minería y energías renovables.
- Construir una estrategia de integración energética sudamericana, con Brasil como mercado especialmente relevante para el gas argentino.
- Ampliar la infraestructura de transporte y distribución y promover la eficiencia energética para garantizar el abastecimiento a hogares e industrias.
- Reformar los marcos regulatorios para compatibilizar inversión privada, protección ambiental y planificación estatal.

En concreto: usar los dólares de Vaca Muerta para industrializar, no solamente para pagar deuda o financiar importaciones.

El programa agropecuario sigue la misma lógica. Rechaza la contraposición entre campo e industria, propone agregar valor a la producción primaria, desarrollar la industria de fertilizantes y bioinsumos nacionales, ampliar el papel de YPF Agro y mejorar la regulación de la infraestructura logística. Recupera la discusión sobre las retenciones como instrumentos de recaudación, distribución de la renta e incentivos a la industrialización.

Estabilizar sin salarios bajos

La segunda parte aborda la macroeconomía, con algunas de las definiciones más exigentes para una alternativa al programa de Milei. Considera imprescindible un plan de estabilización y propone tres indicadores para evaluar si la macro está ordenada:

- Reservas internacionales: acumulación neta, genuina y sostenida.
- Inflación: descenso persistente que permita planificar.
- Deuda pública: perfil de vencimientos financiado predominantemente en pesos.

Advierte que los déficits fiscales persistentes pueden generar dificultades financieras durante una etapa de estabilización. Por eso plantea una política que combine instrumentos cambiarios, fiscales, de ingresos y del sector externo. En materia cambiaria, propone un régimen de bandas de flotación con intervención activa del Banco Central, para evitar tanto devaluaciones abruptas como una apreciación persistente de la moneda.

El documento reconoce los efectos negativos de las restricciones cambiarias prolongadas: las brechas entre cotizaciones, la incertidumbre regulatoria y los incentivos a postergar exportaciones o adelantar importaciones debilitaron los objetivos originales de esas regulaciones.

Pero criticar el “cepo” no lleva a defender una liberalización irrestricta de los movimientos financieros. Se postulan controles selectivos sobre capitales especulativos, encajes y mecanismos que desalienten ingresos de corto plazo capaces de provocar nuevas crisis cuando salen del país.

Equilibrio fiscal, pero ¿para qué?

Futuros Mejores no defiende los déficits permanentes como principio de política económica. Proponen un equilibrio intertemporal que permita financiar inversiones estratégicas y afrontar situaciones recesivas sin generar una dinámica insostenible de endeudamiento. Es una concepción distinta a la del gobierno liberal-libertario.

El equilibrio fiscal no debe lograrse sacrificando infraestructura, educación, salud, ciencia, salarios públicos y jubilaciones. Esos recortes pueden mejorar transitoriamente las cuentas del Tesoro mientras deterioran la capacidad futura de crecimiento y, por lo tanto, la recaudación impositiva.

La orientación incorpora una discusión que suele quedar relegada: no solo importa cuánto gasta el Estado, sino cuánto deja de recaudar y quiénes se benefician con esa renuncia de ingresos. El informe estima que el denominado gasto tributario representa alrededor del 5% del PIB. La propuesta es revisar esos beneficios según su capacidad para generar empleo, inversiones, innovación y valor agregado.

Además, plantea aumentar la progresividad tributaria, fortalecer los impuestos sobre rentas extraordinarias y del capital, combatir la evasión y mejorar la fiscalización de grandes patrimonios y operaciones internacionales.

El FMI y la deuda como condicionantes

Los economistas sostienen que el endeudamiento argentino no se explica solo por los déficits fiscales. También responde a la necesidad de conseguir divisas para sostener esquemas cambiarios que terminan dependiendo del ingreso de capitales. El resultado es conocido: entran dólares, financian desequilibrios y después aparecen los vencimientos que condicionan las decisiones de política económica.

La estrategia propuesta es reducir esa dependencia mediante el crecimiento exportador, la acumulación de reservas y el financiamiento público predominantemente en pesos.

Respecto del FMI, plantea discutir las condiciones financieras y los plazos de los compromisos asumidos y considera la posibilidad de reestructuraciones proactivas para evitar que los vencimientos obliguen a aplicar políticas que comprometan el crecimiento.

Recupera la idea de crecer para pagar, en lugar de someter la economía a una contracción permanente para cumplir con los acreedores. No contempla una ruptura con los acreedores ni descarta volver a los mercados internacionales.

Trabajo, jubilaciones y deudas de las familias

El tercer componente está dedicado a la distribución del ingreso. Los autores advierten que el crecimiento económico no garantiza automáticamente empleo de calidad ni mejoras distributivas. Por eso proponen políticas específicas para formalizar trabajadores, ampliar derechos laborales y fortalecer los ingresos.

En materia previsional, defienden el sistema público de reparto y plantean reemplazar las moratorias por mecanismos permanentes de inclusión. También proponen una fórmula de movilidad jubilatoria que incorpore el alza del salario real, en lugar de limitar los haberes a una actualización por inflación. El aumento inmediato posible de la jubilación mínima sería del 20% y se financiaría con la recuperación de un tercio de determinados gastos tributarios.

Otro punto relevante es la inclusión de un programa de desendeudamiento de las familias, decisivo en una economía donde el deterioro del poder adquisitivo empujó a muchos hogares a usar el crédito para cubrir consumos corrientes. Se suma un sistema nacional de cuidados que amplíe derechos y genere nuevas oportunidades laborales.

En este programa la distribución no aparece como una recompensa posterior al crecimiento: es una condición que debe formar parte de la estrategia económica.

La disputa por el Estado y el poder económico

Defender la intervención estatal exige, para estos economistas, transformar el funcionamiento del propio Estado. Las políticas económicas no se aplican en un territorio vacío de intereses. Reformar el sistema tributario, modificar los beneficios del RIGI, exigir contraprestaciones a grandes empresas, regular los movimientos de capitales y redistribuir la renta energética implica enfrentar intereses económicos concentrados.

La experiencia argentina muestra que los conflictos distributivos pueden bloquear incluso programas económicos con fundamentos sólidos. Ahí aparece el desafío político más exigente.

El fracaso del programa de Milei no garantiza que su reemplazo sea exitoso. El trabajo de Futuros Mejores tiene el mérito de correr el debate desde la mera oposición al gobierno hacia la discusión de un proyecto económico diferente. Pero las ideas, por sí solas, no modifican las relaciones de poder. La alternativa a Milei necesita un programa económico. Y ese programa necesita una construcción política capaz de llevarlo adelante.