1,8 millones de votos quedaron en el aire y pueden reescribir el mapa político de Brasil

Las elecciones brasileñas del 4 de octubre dejaron un saldo que todavía no puede darse por cerrado: 1,8 millones de sufragios fueron emitidos a candidatos cuyos registros habían sido rechazados por los tribunales regionales, pero que igual pudieron competir porque sus apelaciones seguían sin resolver ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Esos votos se contabilizan como anulados sub judice, es decir, atados a lo que finalmente decida la Justicia. Y esa decisión puede mover fichas en los poderes legislativos e incluso determinar si corresponde o no una segunda vuelta en las gobernaciones.

Por qué quedaron votos en suspenso

El calendario electoral brasileño fija el 15 de agosto como fecha límite para presentar las solicitudes de registro, un día antes del arranque de la campaña. Los tribunales tienen hasta 20 días antes de la primera vuelta para resolverlas, lo que deja cerca de un mes para analizar cada expediente. En la práctica, ese plazo se estira.

Según el TSE, en estos comicios se presentaron más de 20.000 solicitudes de registro. En las municipales de 2024 la cifra había superado las 400.000.

“Este escenario dificulta que la Justicia Electoral logre resolver todos los procesos de candidaturas antes de las elecciones, sobre todo aquellos que presentan algún tipo de problema. Cuando se trata de un candidato que no tiene procesos judiciales, es más fácil resolverlo. En diez días está resuelto. El gran problema son estos candidatos con asuntos judiciales pendientes”, afirmó el abogado José Paes Neto, integrante de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político (Abradep).

El grueso de los votos cuestionados se concentró en los postulantes a las asambleas legislativas estaduales, con 612.000 sufragios. Detrás aparecen los candidatos al Senado (390.000), a la Cámara de Diputados (381.000) y a las gobernaciones (374.000).

Río de Janeiro, el epicentro

Río de Janeiro lidera el ranking nacional con 732.000 votos sub judice. La cifra incluye los sufragios que consiguió Anthony Garotinho, aunque el estado seguiría primero aun si se descontaran los 274.000 votos del exgobernador.

El Tribunal Regional Electoral de Río de Janeiro (TRE-RJ) amplió los criterios del TSE para frenar la participación de candidatos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Revisar esos casos obligó a compartir pruebas de investigaciones criminales, algunas bajo secreto de sumario, y eso demoró los procesos.

Uno de los expedientes es el de Garotinho, que pudo competir mientras apelaba el rechazo de su candidatura, vinculado a una condena que le impuso la pérdida de sus derechos políticos por ocho años. Cuatro días después de la votación, una instancia superior confirmó la decisión y ordenó anular sus sufragios.

Como consecuencia, Douglas Ruas (PL), presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, fue proclamado gobernador electo con el 50,88% de los votos válidos. Antes de la resolución judicial había obtenido el 49,27%.

El exalcalde Eduardo Paes (PSD), segundo en la contienda, todavía intenta que el Supremo Tribunal Federal (STF) habilite una segunda vuelta. Sostiene que la legislación contempla como inválidos únicamente los votos afectados por una manifestación apolítica del elector o por un error de digitación.

Bancas que penden de un hilo

El impacto también puede llegar a la distribución de bancas. João Drumond (PRD), nieto del empresario del juego ilegal Luizinho Drumond, obtuvo 55.000 votos, suficientes para acceder a la Asamblea Legislativa estadual. El TRE-RJ rechazó su registro por presuntos vínculos con el crimen organizado; el candidato negó las acusaciones y apeló ante el TSE, que todavía no resolvió el caso.

Algo parecido ocurre con Ricardo Abrão (PSDB), que consiguió 63.000 votos, suficientes para obtener una banca en la Cámara de Diputados. El tribunal regional había rechazado su candidatura por indicios de participación en un esquema de compra de votos durante las elecciones de 2024 en Nilópolis. Abrão también negó las acusaciones.

El debate por adelantar el calendario

El abogado Eduardo Damian, expresidente de la Comisión Electoral de la Orden de Abogados de Brasil, considera que anticipar la inscripción de candidaturas reduciría la incertidumbre jurídica y evitaría gastos públicos en postulaciones que finalmente no sean habilitadas.

La propuesta se debatió en la Cámara de Diputados en 2021. El proyecto original planteaba fijar el 1 de junio como fecha límite para registrar candidaturas, lo que habría dejado casi cuatro meses para resolver las impugnaciones. Sin embargo, la exdiputada Margarete Coelho, relatora de la iniciativa, advirtió que adelantar las convenciones partidarias obligaría a definir alianzas y candidatos con demasiada anticipación.

En una audiencia pública de marzo de 2021, el exministro del TSE Henrique Neves sostuvo que cumplir los plazos actuales resulta prácticamente imposible en los casos controvertidos. Según explicó, los tiempos procesales pueden alcanzar 54 días y extenderse a 76 si se presentan recursos, sin contar la tramitación interna de los tribunales.

El nuevo Código Electoral, aprobado por la Cámara en 2023, también propone cambios en el calendario de registro, pero todavía está en el Senado.