156 dueños, un terreno en Rawson y dos empresas de renombre en la mira de la Justicia

Un litigio que arrastra casi veinte años por una hectárea y media en Rawson desembarcó otra vez en la Justicia penal. Un grupo de condóminos presentó una denuncia contra dos firmas conocidas de San Juan y contra dos abogados, a los que acusa de intentar despojarlos del inmueble que comparten 156 personas.

La presentación quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los denunciantes sospechan la existencia de una asociación ilícita y hablan de una maniobra que se habría extendido durante 18 años, desde 2008 hasta hoy.

Quiénes están señalados

El escrito apunta a Transportes Becher —identificada como Del Rosario S.A.— y a Valdivieso Group. A las empresas les atribuye usurpación y daños. También menciona a Martha Susana Cabaña, una de las condóminas, y a sus abogados Sonia Graciela Díaz y David Carrizo, acusados de presunta asociación ilícita y estafa.

Contra la constructora, además, se denuncia el supuesto desbaratamiento de un acuerdo privado de división de condominio y se promueve una querella por calumnias e injurias, a raíz de expresiones que habrían tenido como destinataria a la ingeniera Zulma Ledesma.

Todo lo anterior son acusaciones formuladas por los denunciantes. La presentación pide que se investigue la posible participación de terceros, pero eso no implica que los hechos ni las responsabilidades penales estén acreditados. Será la fiscalía la que deberá reunir elementos que confirmen o descarten las sospechas.

De la estafa de los 90 al loteo

El origen del conflicto se remonta a la década del 90. Según el relato de los actuales propietarios, fueron damnificados por la estafa de la desaparecida firma Cóndor Propiedades. El terreno de calle General Acha habría sido parte del resarcimiento que recibieron tras aquella maniobra, aunque necesitaron un largo proceso judicial para poder disponer de él.

El inmueble tiene aproximadamente una hectárea y media y pertenece a 156 personas en condominio. Con los años, los dueños impulsaron un proyecto de urbanización de 46 lotes, con calles, amojonamiento, red de agua potable, obras de infraestructura y donación de calles al dominio público. La idea era dividir el terreno en especie y evitar que terminara rematado.

Una de las condóminas, Martha Susana Cabaña, se opuso a esa modalidad de parcelamiento. De acuerdo con antecedentes publicados por Diario de Cuyo el 5 de mayo de 2025, la mujer pretendía quedarse con un lote entero en lugar de compartirlo con el resto y cuestionaba la forma en que se proyectaba la división.

La causa por las firmas falsas

En ese contexto surgió una de las primeras denuncias que ahora vuelve al centro de la escena: la presunta falsificación de firmas en escritos presentados dentro del expediente civil. El 22 de julio de 2022, Zulma Ledesma y otros copropietarios denunciaron que se habían incorporado documentos con firmas que no pertenecían a Cabaña. La acusación involucraba a sus abogados, Sonia Díaz y su hijo, Gerardo Carrizo Díaz.

Los denunciantes sostenían que al menos seis firmas incluidas en tres escritos judiciales habían sido falsificadas y que, en realidad, correspondían al puño de la abogada. El planteo se apoyaba en un informe de un perito calígrafo y buscaba determinar si existió una maniobra de estafa procesal.

En la nueva presentación, los propietarios afirman que hay dos pericias que determinaron la falsedad de las firmas: una del perito de parte Roberto Díaz y otra ordenada por la fiscalía, a cargo del perito Corzo. También sostienen que en octubre de 2022 el juez Rollán anuló los escritos cuestionados.

El recorrido de esa investigación tuvo sus idas y vueltas. Los denunciantes señalan que el fiscal José Plaza había dispuesto el sobreseimiento de los abogados por prescripción, pero no por inocencia. Esa decisión fue apelada y luego revocada, con orden de continuar investigando. Según la denuncia, está pendiente una nueva pericia de Gendarmería sobre las firmas.

Camiones, un portón y la Ruta 40

El nuevo planteo penal suma un componente que agranda el conflicto: la intervención de dos empresas que, según los denunciantes, habrían avanzado sobre el inmueble mientras seguía la disputa judicial.

La primera es Del Rosario S.A., que también aparece con el nombre de fantasía Transportes Becher Logística. Los propietarios sostienen que en 2023 la firma ingresó con camiones y comenzó a borrar límites, cunetas y pasantes, afectando parte de la infraestructura construida para el loteo.

La segunda es Valdivieso Group. De acuerdo con la reconstrucción de la denuncia, en 2026 habría avanzado sobre otra parte del terreno y habilitado, mediante un portón, una salida hacia la Ruta 40, usando para eso el paso por dos propiedades de Del Rosario S.A.

Uno de los puntos más delicados es que ambas firmas habrían ocupado sectores superpuestos del inmueble, lo que los denunciantes interpretan como un indicio de coordinación. Incluso afirman que la destrucción llegó al 80% de la urbanización que ya estaba terminada.

Para respaldar esas afirmaciones acompañaron planos del fraccionamiento, documentación de las obras, actas notariales de constatación, informes de dominio, cartas documento y un esquema con la ubicación de las áreas que consideran ocupadas ilegalmente.

La hipótesis de los dos frentes

Los propietarios plantean una conexión entre el conflicto judicial y los movimientos sobre el terreno: mientras el reclamo de subasta habría impedido concretar la división del condominio, las empresas habrían aprovechado esa situación para avanzar físicamente sobre la propiedad.

La denuncia sostiene que no se trata de episodios independientes, sino de partes de una misma maniobra extendida durante 18 años, desde 2008 hasta la actualidad.

Para los denunciantes existirían dos frentes de actuación. Por un lado, un supuesto «brazo jurídico», integrado por Cabaña y sus abogados, que habría impulsado pedidos de subasta mediante escritos con firmas presuntamente falsas. Por el otro, un «brazo operativo», conformado por las empresas, que habría ejecutado la ocupación física del inmueble y la destrucción de las obras de urbanización.

La presentación incluso arriesga una hipótesis sobre el objetivo final: que, después de insistir durante años con el remate judicial del terreno, alguna de las empresas involucradas terminara comprándolo en una subasta. Los propietarios sospechan que habría existido un acuerdo previo para que una de ellas se quedara con la propiedad y que después se repartieran los sectores.