Cornejo firmó 14 decretos que sacuden al Ministerio de Seguridad: policías, penitenciarios y civiles quedaron alcanzados por cesantías, exoneraciones y suspensiones. Entre los expedientes hay uno que terminó con un exsubcomisario fuera de la fuerza por una condena puntual, y dos auxiliares apartados mientras la Justicia los investiga. Los motivos son tan variados como los nombres que aparecen en el Boletín Oficial.
El gobernador Alfredo Cornejo firmó 14 decretos con sanciones disciplinarias, cesantías, exoneraciones y bajas que alcanzan a efectivos de la Policía de Mendoza, integrantes del Servicio Penitenciario y empleados civiles del Ministerio de Seguridad y Justicia. Las resoluciones quedaron publicadas en el Boletín Oficial.
Los expedientes responden a motivos muy distintos: agentes que dejaron de ir a trabajar, personal que juntó sanciones durante años, penitenciarios que nunca acreditaron el secundario y auxiliares apartados mientras la Justicia los investiga.
En varios casos los trabajadores presentaron recursos para revertir o morigerar las medidas, pero el Ejecutivo los rechazó por considerar que no había argumentos suficientes.
La condena que selló la salida de un exsubcomisario
Uno de los decretos ratifica la exoneración de un exsubcomisario que recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por concusión y allanamiento ilegal en concurso real.
Su defensa había pedido revisar la proporcionalidad de la sanción y ponderar sus antecedentes profesionales y su situación personal. La Provincia respondió que una condena firme por delito doloso es causal de exoneración según la Ley 6722, más allá de que la pena no se cumpla de manera efectiva.
Otro exoficial ayudante, cesanteado en 2020, cuestionó la fundamentación del procedimiento y pidió que se valorara su sobreseimiento penal. La respuesta oficial fue que la investigación administrativa corre por carriles separados de la penal y que el sobreseimiento no impide una sanción disciplinaria.
También quedaron firmes dos bajas obligatorias por acumulación de sanciones. En un caso el agente superó los límites de puntos disciplinarios de la normativa policial; en el otro, el expediente reunió 107 puntos entre octubre de 2017 y octubre de 2020. Uno de los recursos se rechazó por presentarse fuera de plazo y el otro por falta de motivos para anular la baja.
Dos auxiliares apartados con causas abiertas
Las resoluciones alcanzaron a dos auxiliares policiales designados en junio de 2026 que todavía estaban en período de interinidad, es decir, sin confirmación definitiva de su incorporación.
Al primero se lo apartó por investigaciones por amenazas agravadas y desobediencia. El expediente menciona una prisión preventiva de cinco meses y tres sumarios administrativos abiertos por la Inspección General de Seguridad. La Dirección General de Policía no avaló continuar el trámite de confirmación, y el Ejecutivo resolvió apartarlo sin esperar a que se cumplieran los 12 meses de interinidad.
La segunda es una auxiliar sospechada en una investigación por presunta estafa. Mediante el Decreto 2134, el Gobierno dispuso su desafectación. En ambos casos se trata de decisiones administrativas sobre la continuidad en la fuerza, no de una declaración de culpabilidad penal.
Faltas que terminaron en cesantía
En el Servicio Penitenciario, el Ejecutivo confirmó la cesantía de un exsuboficial ayudante por abandono del servicio: según el expediente, dejó de concurrir a trabajar el 19 de mayo de 2023 sin justificación. El agente cuestionó las notificaciones y la proporcionalidad de la sanción, pero la Asesoría de Gobierno sostuvo que fue notificado por correo oficial y en su domicilio.
Otra resolución dispuso la cesantía de un empleado civil de planta permanente del Ministerio que, pese a tener funciones asignadas, no prestaba servicios efectivos en la Dirección de Capital Humano. Las inasistencias superaron los límites de la Ley 9103 y la documentación médica presentada después no alcanzó para respaldarlas de forma retroactiva.
El secundario, un requisito que tres penitenciarios no cumplieron
Tres de los casos corresponden a exintegrantes del Servicio Penitenciario que no acreditaron haber terminado el secundario. Uno de ellos cuestionó el procedimiento por presuntas irregularidades, falta de fundamentación y prescripción del sumario; la Asesoría de Gobierno consideró que los argumentos no tenían sustento y que los plazos para completar los estudios ya habían vencido.
Otra de las agentes alegó razones de salud para no continuar estudiando y cuestionó las notificaciones y la validez de la sanción. El Ejecutivo sostuvo que no se acreditó una circunstancia que justificara el incumplimiento y que el título secundario es requisito para permanecer en el servicio según la Ley 7493.
En el tercer expediente se rechazó un planteo de desigualdad frente a otros agentes autorizados a seguir estudiando: la respuesta oficial fue que las situaciones no eran equivalentes.
Suspensiones que no implicaron desvinculación
El paquete también incluyó sanciones que no sacaron a los agentes de la fuerza. Una suboficial subayudante del Servicio Penitenciario recibió 50 días de suspensión sujeta a exoneración por infracciones al régimen disciplinario; cuestionó el derecho de defensa, el principio de legalidad y la proporcionalidad, pero sus planteos fueron rechazados.
Además, se confirmó una suspensión de diez días para una efectivo policial que había pedido suspender el sumario a prueba y consideró excesiva la sanción. La Asesoría de Gobierno entendió que la medida se ajustaba al régimen disciplinario vigente.
