13 años de lucha: la madre que no creyó el suicidio y destapó un femicidio que remeció a México

Irinea Buendía recibió una llamada que le partió la vida: su yerno le dijo que Mariana se había ahorcado. Pero ella nunca lo creyó. Esa desconfianza encendió una batalla judicial de 13 años que no solo mandó al asesino a la cárcel, sino que transformó para siempre cómo México investiga los asesinatos de mujeres.

Mariana Lima Buendía, de 28 años, vivía en Chimalhuacán, Estado de México. Estaba casada con Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial estatal. Según su familia, sufría violencia de género hacía tiempo. Su madre aseguró que había maltrato físico y psicológico, y que la joven le confesó, un día antes de morir, que atravesaba episodios de violencia y que había decidido terminar la relación. Nada indicaba que planeara suicidarse.

El 29 de junio de 2010, Mariana fue hallada muerta en su casa. Desde el primer momento, Hernández sostuvo que se había suicidado. La investigación inicial aceptó esa hipótesis y cerró el caso en septiembre de 2011 sin ejercer acción penal contra nadie.

¿Qué irregularidades detectó la madre?

Irinea denunció que las autoridades aceptaron la versión del marido sin profundizar en los antecedentes de violencia doméstica ni realizar pericias clave. Además, el propio esposo, que trabajaba dentro de la Procuraduría, tuvo influencia en el procesamiento de la escena del crimen y la investigación inicial.

Lejos de resignarse, en noviembre de 2011 solicitó la revisión del cierre. Ante la falta de respuestas, presentó recursos legales y promovió un juicio de amparo. Durante años recorrió tribunales, habló con organizaciones de derechos humanos y encontró apoyo en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que visibilizó el caso a nivel nacional.

En mayo de 2012, el procurador general de Justicia del Estado de México revocó el cierre y ordenó continuar la investigación. Pero el camino hacia la justicia aún era largo.

El fallo histórico de la Suprema Corte

El punto de inflexión llegó el 25 de marzo de 2015. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución histórica: ordenó reabrir el caso con perspectiva de género. Los ministros concluyeron que la muerte de Mariana no había sido investigada de manera adecuada y que las autoridades debían examinar seriamente la posibilidad de un femicidio. La sentencia estableció un criterio que luego se usaría en todo el país: toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como posible femicidio y con perspectiva de género.

El fallo también cuestionó las omisiones y deficiencias de la investigación original, y ordenó analizar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. La llamada “Sentencia Mariana Lima” se convirtió en uno de los precedentes más importantes en violencia de género en México.

La reapertura y la condena

Tras la resolución, el expediente se reconstruyó desde cero. Peritos y fiscales analizaron las pruebas con otra mirada, incorporando los antecedentes de violencia. En junio de 2016, Hernández fue imputado por homicidio calificado; la fiscalía lo acusó de haber estrangulado a su esposa. Un juez ordenó su detención mientras avanzaba el proceso.

La justicia definitiva llegó en marzo de 2023. El Poder Judicial del Estado de México declaró culpable a Julio César Hernández Ballinas y lo condenó a 70 años de prisión, la pena máxima. Organizaciones feministas y de derechos humanos celebraron el fallo como una victoria histórica contra la impunidad. La sentencia, casi 13 años después del crimen, fue vista como el resultado directo de la persistencia de Irinea Buendía, quien nunca aceptó la versión oficial del suicidio.